23 de Mayo de 2008
Por la presente ponemos a su disposición un conjunto de propuestas consensuadas por la Red de Facultades y Carreras de Comunicación de la República Argentina (RedCom), a modo de aportes al debate sobre la propuesta modificación de la Ley de Radiodifusión. Las mismas han sido elaboradas a partir del enriquecedor encuentro del pasado 29 de abril donde la Sra. Presidente de la Nación nos planteara los lineamientos generales de la propuesta.
Las carreras de comunicación hemos trabajado históricamente para la elaboración de una legislación en la materia que garantice los principios sobre derecho a la comunicación consagrada en la Convención Americana de Derechos Humanos a la que ha suscripto nuestro país y la ha adoptado con jerarquía constitucional.
Contamos con innumerables precedentes de rigurosos trabajos de investigación, artículos, especialistas, cátedras, informes y material académico que ponemos a su disposición para contribuir a la redacción de una legislación que responda a los desafíos de la comunicación y las tecnologías en nuestro tiempo.
Con la presente aportamos, en un primer momento, una síntesis de ideas y sugerencias, las que presentamos en un conjunto de diez elementos que intentan reflejar conceptualmente los aportes que desde el campo de la comunicación hemos construido durante muchos años en nuestras casas de estudio, los que creemos pueden brindar un marco teórico y contextual a la discusión:
1) Los trabajos de investigación en nuestro campo se han comprometido en la denuncia inclaudicable de los procesos de privatización de la información en pocas manos por considerarlos contrarios al derecho a la comunicación. Estas denuncias, que se han hecho a través de una línea de trabajo comprometida con los procesos políticos populares, siempre tuvieron una perspectiva latinoamericana que nutrió procesos históricos en toda la región;
2) No sólo se ha denunciado el papel por momentos siniestro de los medios masivos de comunicación como reproductores de las ideologías dominantes. Al mismo tiempo, y desplazándose de una mirada maniquea o reduccionista, se ha trabajado en la generación de conocimientos que dan cuenta del importantísimo rol que podrían llegar a cumplir las tecnologías como dispositivos de socialización y democratización de los diferentes modos de nombrar el mundo;
3) Los estudios al respecto, dan cuenta de que las tecnologías son siempre históricas antes que instrumentales. Por lo tanto, es posible afirmar que no son las tecnologías ni el mercado las que deben marcar el rumbo de sus propios lugares sociales, sino que por el contrario deben ser las sociedades en su conjunto las que le deben otorgar sentido;
4) Fueron y son numerosas las investigaciones que han demostrado cómo los medios son actores que participan junto a otros, de la lucha por la nominación legítima de la vida desde intereses y apuestas propias. Esto conlleva a afirmar que los medios y las tecnologías infocomunicacionales no reflejan la realidad sino que contribuyen a crearla, lo que habilita y demanda la necesaria discusión en torno al papel que juegan los medios por parte del estado y la sociedad civil en su totalidad,
5) La investigación comparada ha demostrado también que no existe un único modelo de organización de los medios y sus dispositivos tecnológicos en las distintas naciones, sino que más bien estos han sido múltiples y diversos a lo largo de la historia, y por lo tanto deben ser discutidos;
6) En toda la región se ha sistematizado un trabajo empírico que da clara cuenta de cómo la cultura de los sectores populares y subalternos ha estado instrumentalizada por los medios de comunicación masiva no en función de su revalorización sino en función de las lógicas de reproducción de los sectores dominantes, por lo tanto se hace impostergable la definición de políticas de real inclusión de estos sectores y no sólo de su mera visibilización amarillista y perversa: mostrar, oír, no es lo mismo que incluir;
7) Desde las teorías de la recepción y el consumo de medios estamos en condiciones de afirmar que más allá de las posibles resemantizaciones y lecturas desviadas de los públicos, estas siempre se sitúan en desigualdad de condiciones con respecto a las maquinarias y aparatos de producción de la información, lo que hace necesaria la creación de mecanismos que garanticen la participación de las audiencias en los procesos de comunicación;
8) Reconocer la comunicación masiva como una de las grandes marcas de época que construyen sentido en nuestras sociedades, implica considerar la presencia del Estado como una protección y garantía para la libertad de expresión y comunicación. La legitimidad de la intervención pública se impone como en cualquier otra función colectiva de la sociedad;
9) La información no es lo mismo que la comunicación, ya que la primera juega su sentido en el territorio de la verticalidad, y la segunda adquiere sentido cuando es consaber, cuando el otro cuenta. En la actualidad, el sistema de radiodifusión vigente, tiende a potenciar la información por sobre la comunicación;
10) Luego del 11 de septiembre de 2001, son varios los académicos que han comenzado a hablar de la existencia de una sociedad del desconocimiento junto a la sociedad de la información, de la cual el orden mediático hegemónico global ha dado cuenta. Son necesarias políticas que protejan a la sociedad del desconocimiento deliberado,
Partimos de la idea (por cierto no meramente académica) de que la actividad radiodifusora -entendida en su concepto más amplio, abarcando a la radio y a la televisión en sus diversas modalidades de prestación- integra el derecho humano a la información y como tal constituye un servicio esencial para el desarrollo social, cultural, educativo e integral del país que atañe a todos los habitantes tanto individual como colectivamente. Esta concepción debiera ser el principio básico de la ley que se propugna.
En este marco, el objetivo fundamental de cualquier marco regulatorio democrático de los medios de comunicación debiera de garantizar la diversidad y el pluralismo. Son necesarias medidas efectivas para promover la diversidad de contenidos y perspectivas, el acceso a los medios de radiodifusión y el reconocimiento de una diversidad de formas jurídicas de propiedad, finalidad y formas de funcionamiento, incluyendo medidas para prevenir la concentración de medios. El marco regulatorio debe explicitar el reconocimiento de tres diferentes sectores o modalidades de radiodifusión: público/estatal, privado/comercial y social/sin fines de lucro, el cual incluye los medios propiamente comunitarios.
Dentro del sector de los medios publico público, se destaca la modalidad de prestación realizada por las Universidades. En este campo, vale recordar que la Universidad Nacional de La Plata a través de Radio Universidad sigue siendo la emisora pionera de estas características en el mundo, creada en 1923, emisora con una trayectoria que en su gestión se ha caracterizado por reivindicar una verdadera gestión pública. En este capítulo, que nos atañe particularmente, recordamos que en el año 2000 la Asociación de Radios Universitarias Argentinas (ARUNA) con el expreso respaldo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) mediante Acuerdo Plenario 384/00 suscripto en Santa Fe el 19 de diciembre de 2000 aprobó un documento proponiendo los contenidos referentes al Sistema Nacional Universitario de Radiodifusión Pública. Tal documento se adjunta a la propuesta como otro aporte en la cuestión.
Otro de los puntos clave que debe contener la ley de Medios de Comunicación se refiere a la creación de la pertinente autoridad de control. El otorgamiento de concesiones, las asignaciones de frecuencias y otros aspectos del servicio de radiodifusión deben ser regulados por organismos estatales independientes del gobierno, así como de grupos económicos y empresariales, debiendo garantizar una efectiva participación de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones. El debido proceso y la posibilidad de recurrir sus decisiones son garantías necesarias en un Estado de Derecho. La existencia de autoridades independientes de control la encontramos en la legislación más avanzada en la materia, tal como se establece en Canadá la Comisión Canadiense de Radio, Televisión y Telecomunicaciones (Canadian Radio-television and Telecommunications Comission - CRTC), el Consejo Superior de lo Audiovisual (CSA) en Francia o la Autoridad Independiente de Comunicaciones en Sudáfrica (ICASA).
En el actual contexto internacional, no puede omitirse la importancia de determinar con reglas claras las normas tendientes a la inclusión digital. El compromiso de los Estados para superar la brecha digital, expresada en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información supone mecanismos que garanticen el acceso y migración de los medios a las nuevas tecnologías y a los desafíos que plantea la convergencia y la digitalización de los soportes analógicos. La digitalización debe ser vista como una oportunidad para corregir los errores en la construcción de este sistema. Tal vez una de las pocas oportunidades que se nos abran en el corto plazo para hacer cambios profundos. Para transformar una “posibilidad” que nos brinda la tecnología en una “oportunidad” real para una democratización de las comunicaciones y con ello el reconocimiento de nuestros derechos es imprescindible la plena participación de todos los sectores: el gobierno, los empresarios, las universidades, la sociedad civil organizada, así como los oyentes y televidentes.
Garantizar la universalidad del acceso a la radio y televisión gratuita, tanto desde el punto de vista de la recepción, como del de la emisión, sigue siendo uno de los grandes temas pendientes. La llegada de la televisión y la radio digital a todos los rincones de nuestra extensa geografía, de manera tal que todos tengan posibilidad tanto de recibirla como de participar de su elaboración requiere de la implementación de un marco legal y de políticas públicas activas que estimulen la generación de contenidos, el recambio tecnológico y el acceso a las frecuencias de nuevos actores.
Por todo lo expuesto precedentemente, y ratificando nuestro pleno compromiso con la implementación de políticas públicas activas que fortalezcan la pluralidad y democratización de las comunicaciones, la Red de Facultades y Carreras de Comunicación de la República Argentina (RedCom) propone:
1- Avalar institucionalmente el documento “21 Puntos por una Ley de Medios de Comunicación para la Democracia”, en el que muchos de nuestros docentes e investigadores han contribuido para su redacción y difusión; 2- Incorporar a los representantes de las facultades y carreras de comunicación de las universidades públicas de gestión privada, a la posibilidad de acceder a los servicios de radiodifusión universitaria; 3- Establecer una cuota de pantalla para las producciones universitarias en los medios de comunicación del servicio público de radiodifusión, con el objetivo de difundir prácticas culturales y educativas de las distintas regiones de nuestro país, en las que nuestras carreras universitarias tienen amplia inserción;
4- Participar plenamente en los distintos ámbitos del servicio nacional de comunicación audiovisual, tanto en el sistema nacional de medios públicos, como en la pertinente autoridad de control. Como mencionábamos previamente, el otorgamiento de concesiones, las asignaciones de frecuencias y otros aspectos del servicio de radiodifusión deben ser regulados por organismos estatales independientes del gobierno, así como de grupos económicos y empresariales, debiendo garantizar una efectiva participación de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones;
5- Implementar un Laboratorio, Instituto o Comisión Nacional de Estudios y /o Evaluación Universitaria sobre Medios de Comunicación, que pueda contar con el auspicio del Estado Nacional. Nuestra permanente tarea de investigación sobre medios de comunicación puede ser institucionalizada y jerarquizada a partir de la existencia de un órgano específico con prestigio y legitimidad social, que aporte periódicamente insumos válidos para la toma de decisiones sobre políticas de comunicación (comportamiento de audiencias, cartografía de medios, medición cuali-cuantitativa de recepción audiovisual, federalización efectiva de procesos y contenidos, entre otros ítems);
6- Instrumentar una partida específica, por fuera del presupuesto universitario, para garantizar el financiamiento de las actividades de los servicios de radio y televisión universitarias;
Mucho es lo que se discute permanentemente sobre el rol social y el sentido de nuestras universidades en general, y de nuestras carreras de ciencias sociales en particular. Somos concientes que es nuestro pueblo en su conjunto, el que sostiene cotidianamente nuestras instituciones, y no solamente con sus aportes impositivos. Esencialmente, el pueblo deposita todos los días en las universidades la esperanza de un futuro mejor para sus hijos, la ilusión de que la ciencia y el conocimiento sirvan al desarrollo del país, el deseo de que el conocimiento crítico aporte a la formación de hombres y mujeres libres que contribuyan a la grandeza de la patria.
Sin otro particular, y quedando a su entera disposición, saludamos a usted muy atentamente
Por la presente ponemos a su disposición un conjunto de propuestas consensuadas por la Red de Facultades y Carreras de Comunicación de la República Argentina (RedCom), a modo de aportes al debate sobre la propuesta modificación de la Ley de Radiodifusión. Las mismas han sido elaboradas a partir del enriquecedor encuentro del pasado 29 de abril donde la Sra. Presidente de la Nación nos planteara los lineamientos generales de la propuesta.
Las carreras de comunicación hemos trabajado históricamente para la elaboración de una legislación en la materia que garantice los principios sobre derecho a la comunicación consagrada en la Convención Americana de Derechos Humanos a la que ha suscripto nuestro país y la ha adoptado con jerarquía constitucional.
Contamos con innumerables precedentes de rigurosos trabajos de investigación, artículos, especialistas, cátedras, informes y material académico que ponemos a su disposición para contribuir a la redacción de una legislación que responda a los desafíos de la comunicación y las tecnologías en nuestro tiempo.
Con la presente aportamos, en un primer momento, una síntesis de ideas y sugerencias, las que presentamos en un conjunto de diez elementos que intentan reflejar conceptualmente los aportes que desde el campo de la comunicación hemos construido durante muchos años en nuestras casas de estudio, los que creemos pueden brindar un marco teórico y contextual a la discusión:
1) Los trabajos de investigación en nuestro campo se han comprometido en la denuncia inclaudicable de los procesos de privatización de la información en pocas manos por considerarlos contrarios al derecho a la comunicación. Estas denuncias, que se han hecho a través de una línea de trabajo comprometida con los procesos políticos populares, siempre tuvieron una perspectiva latinoamericana que nutrió procesos históricos en toda la región;
2) No sólo se ha denunciado el papel por momentos siniestro de los medios masivos de comunicación como reproductores de las ideologías dominantes. Al mismo tiempo, y desplazándose de una mirada maniquea o reduccionista, se ha trabajado en la generación de conocimientos que dan cuenta del importantísimo rol que podrían llegar a cumplir las tecnologías como dispositivos de socialización y democratización de los diferentes modos de nombrar el mundo;
3) Los estudios al respecto, dan cuenta de que las tecnologías son siempre históricas antes que instrumentales. Por lo tanto, es posible afirmar que no son las tecnologías ni el mercado las que deben marcar el rumbo de sus propios lugares sociales, sino que por el contrario deben ser las sociedades en su conjunto las que le deben otorgar sentido;
4) Fueron y son numerosas las investigaciones que han demostrado cómo los medios son actores que participan junto a otros, de la lucha por la nominación legítima de la vida desde intereses y apuestas propias. Esto conlleva a afirmar que los medios y las tecnologías infocomunicacionales no reflejan la realidad sino que contribuyen a crearla, lo que habilita y demanda la necesaria discusión en torno al papel que juegan los medios por parte del estado y la sociedad civil en su totalidad,
5) La investigación comparada ha demostrado también que no existe un único modelo de organización de los medios y sus dispositivos tecnológicos en las distintas naciones, sino que más bien estos han sido múltiples y diversos a lo largo de la historia, y por lo tanto deben ser discutidos;
6) En toda la región se ha sistematizado un trabajo empírico que da clara cuenta de cómo la cultura de los sectores populares y subalternos ha estado instrumentalizada por los medios de comunicación masiva no en función de su revalorización sino en función de las lógicas de reproducción de los sectores dominantes, por lo tanto se hace impostergable la definición de políticas de real inclusión de estos sectores y no sólo de su mera visibilización amarillista y perversa: mostrar, oír, no es lo mismo que incluir;
7) Desde las teorías de la recepción y el consumo de medios estamos en condiciones de afirmar que más allá de las posibles resemantizaciones y lecturas desviadas de los públicos, estas siempre se sitúan en desigualdad de condiciones con respecto a las maquinarias y aparatos de producción de la información, lo que hace necesaria la creación de mecanismos que garanticen la participación de las audiencias en los procesos de comunicación;
8) Reconocer la comunicación masiva como una de las grandes marcas de época que construyen sentido en nuestras sociedades, implica considerar la presencia del Estado como una protección y garantía para la libertad de expresión y comunicación. La legitimidad de la intervención pública se impone como en cualquier otra función colectiva de la sociedad;
9) La información no es lo mismo que la comunicación, ya que la primera juega su sentido en el territorio de la verticalidad, y la segunda adquiere sentido cuando es consaber, cuando el otro cuenta. En la actualidad, el sistema de radiodifusión vigente, tiende a potenciar la información por sobre la comunicación;
10) Luego del 11 de septiembre de 2001, son varios los académicos que han comenzado a hablar de la existencia de una sociedad del desconocimiento junto a la sociedad de la información, de la cual el orden mediático hegemónico global ha dado cuenta. Son necesarias políticas que protejan a la sociedad del desconocimiento deliberado,
Partimos de la idea (por cierto no meramente académica) de que la actividad radiodifusora -entendida en su concepto más amplio, abarcando a la radio y a la televisión en sus diversas modalidades de prestación- integra el derecho humano a la información y como tal constituye un servicio esencial para el desarrollo social, cultural, educativo e integral del país que atañe a todos los habitantes tanto individual como colectivamente. Esta concepción debiera ser el principio básico de la ley que se propugna.
En este marco, el objetivo fundamental de cualquier marco regulatorio democrático de los medios de comunicación debiera de garantizar la diversidad y el pluralismo. Son necesarias medidas efectivas para promover la diversidad de contenidos y perspectivas, el acceso a los medios de radiodifusión y el reconocimiento de una diversidad de formas jurídicas de propiedad, finalidad y formas de funcionamiento, incluyendo medidas para prevenir la concentración de medios. El marco regulatorio debe explicitar el reconocimiento de tres diferentes sectores o modalidades de radiodifusión: público/estatal, privado/comercial y social/sin fines de lucro, el cual incluye los medios propiamente comunitarios.
Dentro del sector de los medios publico público, se destaca la modalidad de prestación realizada por las Universidades. En este campo, vale recordar que la Universidad Nacional de La Plata a través de Radio Universidad sigue siendo la emisora pionera de estas características en el mundo, creada en 1923, emisora con una trayectoria que en su gestión se ha caracterizado por reivindicar una verdadera gestión pública. En este capítulo, que nos atañe particularmente, recordamos que en el año 2000 la Asociación de Radios Universitarias Argentinas (ARUNA) con el expreso respaldo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) mediante Acuerdo Plenario 384/00 suscripto en Santa Fe el 19 de diciembre de 2000 aprobó un documento proponiendo los contenidos referentes al Sistema Nacional Universitario de Radiodifusión Pública. Tal documento se adjunta a la propuesta como otro aporte en la cuestión.
Otro de los puntos clave que debe contener la ley de Medios de Comunicación se refiere a la creación de la pertinente autoridad de control. El otorgamiento de concesiones, las asignaciones de frecuencias y otros aspectos del servicio de radiodifusión deben ser regulados por organismos estatales independientes del gobierno, así como de grupos económicos y empresariales, debiendo garantizar una efectiva participación de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones. El debido proceso y la posibilidad de recurrir sus decisiones son garantías necesarias en un Estado de Derecho. La existencia de autoridades independientes de control la encontramos en la legislación más avanzada en la materia, tal como se establece en Canadá la Comisión Canadiense de Radio, Televisión y Telecomunicaciones (Canadian Radio-television and Telecommunications Comission - CRTC), el Consejo Superior de lo Audiovisual (CSA) en Francia o la Autoridad Independiente de Comunicaciones en Sudáfrica (ICASA).
En el actual contexto internacional, no puede omitirse la importancia de determinar con reglas claras las normas tendientes a la inclusión digital. El compromiso de los Estados para superar la brecha digital, expresada en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información supone mecanismos que garanticen el acceso y migración de los medios a las nuevas tecnologías y a los desafíos que plantea la convergencia y la digitalización de los soportes analógicos. La digitalización debe ser vista como una oportunidad para corregir los errores en la construcción de este sistema. Tal vez una de las pocas oportunidades que se nos abran en el corto plazo para hacer cambios profundos. Para transformar una “posibilidad” que nos brinda la tecnología en una “oportunidad” real para una democratización de las comunicaciones y con ello el reconocimiento de nuestros derechos es imprescindible la plena participación de todos los sectores: el gobierno, los empresarios, las universidades, la sociedad civil organizada, así como los oyentes y televidentes.
Garantizar la universalidad del acceso a la radio y televisión gratuita, tanto desde el punto de vista de la recepción, como del de la emisión, sigue siendo uno de los grandes temas pendientes. La llegada de la televisión y la radio digital a todos los rincones de nuestra extensa geografía, de manera tal que todos tengan posibilidad tanto de recibirla como de participar de su elaboración requiere de la implementación de un marco legal y de políticas públicas activas que estimulen la generación de contenidos, el recambio tecnológico y el acceso a las frecuencias de nuevos actores.
Por todo lo expuesto precedentemente, y ratificando nuestro pleno compromiso con la implementación de políticas públicas activas que fortalezcan la pluralidad y democratización de las comunicaciones, la Red de Facultades y Carreras de Comunicación de la República Argentina (RedCom) propone:
1- Avalar institucionalmente el documento “21 Puntos por una Ley de Medios de Comunicación para la Democracia”, en el que muchos de nuestros docentes e investigadores han contribuido para su redacción y difusión; 2- Incorporar a los representantes de las facultades y carreras de comunicación de las universidades públicas de gestión privada, a la posibilidad de acceder a los servicios de radiodifusión universitaria; 3- Establecer una cuota de pantalla para las producciones universitarias en los medios de comunicación del servicio público de radiodifusión, con el objetivo de difundir prácticas culturales y educativas de las distintas regiones de nuestro país, en las que nuestras carreras universitarias tienen amplia inserción;
4- Participar plenamente en los distintos ámbitos del servicio nacional de comunicación audiovisual, tanto en el sistema nacional de medios públicos, como en la pertinente autoridad de control. Como mencionábamos previamente, el otorgamiento de concesiones, las asignaciones de frecuencias y otros aspectos del servicio de radiodifusión deben ser regulados por organismos estatales independientes del gobierno, así como de grupos económicos y empresariales, debiendo garantizar una efectiva participación de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones;
5- Implementar un Laboratorio, Instituto o Comisión Nacional de Estudios y /o Evaluación Universitaria sobre Medios de Comunicación, que pueda contar con el auspicio del Estado Nacional. Nuestra permanente tarea de investigación sobre medios de comunicación puede ser institucionalizada y jerarquizada a partir de la existencia de un órgano específico con prestigio y legitimidad social, que aporte periódicamente insumos válidos para la toma de decisiones sobre políticas de comunicación (comportamiento de audiencias, cartografía de medios, medición cuali-cuantitativa de recepción audiovisual, federalización efectiva de procesos y contenidos, entre otros ítems);
6- Instrumentar una partida específica, por fuera del presupuesto universitario, para garantizar el financiamiento de las actividades de los servicios de radio y televisión universitarias;
Mucho es lo que se discute permanentemente sobre el rol social y el sentido de nuestras universidades en general, y de nuestras carreras de ciencias sociales en particular. Somos concientes que es nuestro pueblo en su conjunto, el que sostiene cotidianamente nuestras instituciones, y no solamente con sus aportes impositivos. Esencialmente, el pueblo deposita todos los días en las universidades la esperanza de un futuro mejor para sus hijos, la ilusión de que la ciencia y el conocimiento sirvan al desarrollo del país, el deseo de que el conocimiento crítico aporte a la formación de hombres y mujeres libres que contribuyan a la grandeza de la patria.
Sin otro particular, y quedando a su entera disposición, saludamos a usted muy atentamente
